El COVID-19 en los Estados fallidos del Medio Oriente y Norte de África: los casos de Irak, Libia, Siria y Yemen.

Bianca Lombardi*

Especial ALADAA Jóven- COVID-19

De acuerdo con Sanín (2011) los países desarrollados consideran que ciertas fallas estatales pueden tornarse en un peligro de seguridad de primer orden, ya que pueden desatar o profundizar guerras civiles . La principal preocupación radica en los efectos colaterales de estos conflictos, como son las oleadas migratorias, la desestabilización en los países vecinos y serias crisis económicas.

El autor también da cuenta de que la noción de Estado Fallido, comúnmente aceptada por la comunidad internacional, se define a partir de ciertos indicadores – definidos principalmente por la USAID, la CIA, el Banco Mundial, la OCDE, entre otras – que evalúan las fallas y/o debilidad de los estados. Consecuentemente, el término se encuentra fuertemente determinado por instituciones norteamericanas o con gran influencia de Estados Unidos.

Es por esto que, al utilizar los conceptos de fallidos o débiles, debemos ser cautos a los fines de evitar caer en un análisis simplista y formular respuestas estándares para los casos concretos. Teniendo en cuenta estas aclaraciones, el concepto Estado fallido se refiere a que “la característica central de estos estados es la ingobernabilidad, y la ausencia de sus funciones básicas, motivo por el cual no solo atentan contra los propios ciudadanos, sino que también constituyen una amenaza a la seguridad regional e internacional” (Paredes Rodríguez, 2008, p. 21).

Como veremos a continuación, los rasgos expuestos son comunes a los estados de Irak, Libia, Siria y Yemen, producto principalmente de largas guerras en sus territorios y de fuertes divisiones internas.  Pese a las románticas hipótesis acerca de que la guerra contra el coronavirus traería consigo cierta relajación en las tensiones en una región tan convulsa como la del Medio Oriente y Norte de África (en adelante MENA), los efectos de la pandemia sobre estos conflictos de larga data parecen ser más bien negativos. Lejos de incrementarse la cooperación entre estos países en torno a la lucha contra el coronavirus, nos encontramos frente a una agudización de las crisis humanitarias y económicas. Sin embargo, podemos encontrar algunas excepciones, donde el COVID-19 parece haber coadyuvado al inicio de negociaciones de paz.

Irak y la lucha contra el terrorismo

En el marco de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos invade Irak en 2003 basándose principalmente en tres razones: que Saddam Hussein era un dictador y que no respetaba los derechos humanos; que poseía armas de destrucción masiva; y que mantenía un estrecho vínculo con Osama Bin Laden, el entonces líder de Al-Qaeda. Sin embargo, todas estas excusas fueron cayendo por su propio peso ante la ausencia de evidencias que sostengan estas teorías (Paredes Rodríguez, 2008). Al mismo tiempo, al considerar la Administración Bush que, una vez destituido Saddam Hussein, la mejor vía para garantizar la estabilidad de Irak era establecer un orden democrático y elecciones libres, Estados Unidos diseñó un plan con el propósito de garantizar este régimen político.

Sin embargo, estos planes no llegaron a ejecutarse y lo que terminó teniendo lugar fue la creación de una “caoscracia”, en lugar de una democracia (Paredes Rodríguez, 2008), en la cual se entretejieron redes complejas desde el punto de vista étnico (convivencia de árabes y kurdos) y religioso (mixtura entre sunitas y chiitas). Estos hechos derivaron en una débil situación política de Irak, donde el gobierno no es capaz de garantizar a la población los servicios básicos y lejos está de controlar los medios de la violencia legítima y el Kurdistán iraquí al norte del país en el cual se concentra una importante presencia de combatientes terroristas del grupo Estado Islámico (EI).

Desde mediados de marzo de 2020, la pandemia del COVID-19 presenta efectos en el Estado iraquí, no sólo en su población, sino también en la formación del ejército y en la lucha contra el EI. Bagdad anunció la suspensión del entrenamiento de sus militares con el fin de evitar el riesgo de contagio. Al mismo tiempo, Washington declaró que iba a reducir su número de fuerzas de la coalición internacional contra el EI con el mismo propósito. También España anunció la retirada de 200 de sus 550 soldados desplegados en el marco de esa operación y Francia ha repatriado al total de sus formadores militares.

Ante esta repentina desescalada militar, el mayor riesgo se podría presentar en una ventaja del EI para lanzar nuevos ataques y ganar territorio. Este escenario resulta altamente probable al considerar que, a los ojos de los terroristas, la pandemia es “un tormento enviado por Dios sobre los infieles”, según lo expresó el portavoz del grupo en un reportaje para EXVT (Arias, V., 2020).

Desde mediados de marzo de 2020, la pandemia del COVID-19 presenta efectos en el Estado iraquí, no sólo en su población, sino también en la formación del ejército y en la lucha contra el EI.

Un aspecto clave a tener en cuenta es que el Servicio de Inteligencia Nacional de Irak anunció el arresto de Abdul Nasser Qardash, sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi, ex líder del EI, neutralizado por Estados Unidos a fines de 2019 (Anónimo, 2020).  Si bien esta noticia puede dar un respiro a las fuerzas militares iraquíes, debemos siempre tener presente la facilidad y la rapidez con la que estos grupos se reestructuran para retornar al campo de batalla.

Por otro lado, la amenaza del coronavirus continúa estando latente. Según los datos publicados por la BBC de la Universidad de Hopkins (EEUU), Irak sobrepasa los 4.800 infectados, superando ampliamente los contagios en los demás países aquí mencionados. Por su parte, el Kurdistán iraquí anunció también la semana pasada el pico más alto de casos de COVID-19 en esta región (Anónimo, 2020), lo que lleva a las autoridades iraquíes a tener dos enemigos en mente a la hora de planificar sus agendas: el coronavirus y el tradicional adversario, EI.

Libios en Trípoli, tomada en 2019 Fuente: Wikicommons
Libia y los conflictos internos

Libia se ve inmersa en una guerra civil desde que en 2011 los rebeldes (junto a la intervención de la OTAN) lograron finalmente acabar con el régimen dictatorial de Gadafi y con su vida. De manera similar al caso de Saddam Hussein en Irak, Gadafi se constituía como la piedra angular a la hora de aglutinar los intereses divergentes al interior de Libia, que permitía sostener cierta estabilidad en el país (Anaya, 2012). Desde su caída, las fuerzas del general Jalifa Haftar, líder del Ejército de Nacional Libio con base en Tobruk, controla la mayor parte del territorio libio. Cuenta con el apoyo de Rusia, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Francia. El Gobierno de Acuerdo Nacional con base en Trípoli, en cambio, se sostiene a partir del respaldo de Turquía, Qatar e Italia y es reconocido por la ONU. La división de ambos grupos se ha dado en todos los niveles: cada territorio tiene sus instituciones, su Parlamento, su Gobierno y hasta su Banco Central (Romero, 2020).

Tras el estallido de la revolución del 17 de febrero de 2011, toda la estructura que encarnaba el poder directo de las masas desapareció y fue reemplazada por una red de brigadas, milicias y sus respectivas fuerzas políticas que, al día de hoy, detentan un poder forjado gracias al control de unas áreas ricas en petróleo y gas, y al amparo armamentístico” (García Guindo y Mesa García, 2015, p.99). A casi una década de la primavera árabe, Libia continúa siendo incapaz de crear las instituciones de base capaces de convertir al país en un Estado en sentido estricto. “Libia enfrenta la complejidad, no de la democratización, sino de la creación de un Estado” (Anderson, 2011, p.6), incluso en la actualidad.

Esta guerra civil con participación de actores regionales y extrarregionales, se ha llevado consigo la vida de miles de civiles, así como también la destrucción de gran parte de la infraestructura esencial del país, a medida que uno y otro bando intentan tomar territorios. Las consecuencias económicas también resultan alarmantes a estas instancias. En enero del corriente año, fuerzas leales a Haftar bloquearon las terminales de exportación, vitales para la economía del país. Si a ese bloqueo se añaden los efectos de la pandemia, nos encontramos con un país que, mientras en 2011 producía 1,6 millones de barriles diarios, ahora solo bombea 95.000 al día, según los datos publicados por el periódico El País (Mourenza, A. y Perejil, F., 2020).

Las dos partes en conflicto en Libia acordaron una tregua que fue sin lugar a dudas bien recibida por la ONU. Era el enésimo intento de alto el fuego pactado desde que las tropas de Haftar, iniciaron el asedio a la capital (Espinosa, A. Sanz, JC. y Naranjo, J., 2020)

El alto al fuego apenas se prolongó por 48 horas, ya que ambos bandos denunciaron al otro de no haber cumplido con el acuerdo y volvieron a enfrentarse por medio de la fuerza. Las dos partes también se han acusado mutuamente de llevar el virus a Libia a través de los mercenarios. Las tropas de Haftar cuentan con el apoyo de mercenarios rusos y sudaneses, y las de Trípoli se han visto reforzadas con la presencia de sirios afines al Gobierno turco de Erdogan. Desde entonces, la situación en el país se ha deteriorado alarmantemente. De hecho, representantes de la ONU estiman que unas 893.000 personas precisan ayuda humanitaria (Organización de Naciones Unidad [ONU], 2020).

La Misión de la ONU en Libia (UNSMIL por sus siglas en inglés) destaca que el resultado de los enfrentamientos desencadenados luego de las 48 horas de tregua, provocó un conflicto innecesario que hizo añicos las esperanzas de muchos libios de una transición pacífica hacia la unificación de las instituciones largamente divididas mediante elecciones parlamentarias y presidenciales. La principal dificultad para alcanzar finalmente un acuerdo de paz en la guerra libia, radica en quesi bien tanto Turquía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos; como Rusia, aspiran a iniciar negociaciones, cada vez que se ha recurrido a medios políticos para terminar con el conflicto, estos intentos han devenido en una fuerte escalada militar (Crowle, 2020).

Siria y la situación de los refugiados

La situación de Siria, también resulta alarmante a los ojos del mundo entero. Los levantamientos en siria en los albores de la primavera árabe derivaron no en la democratización del país, sino en un reforzamiento del ya instituido autoritarismo y en la creación de un vacío de poder (Álvarez, 2015), que incitó a que muchos académicos lo considerasen como un Estado fallido. Si bien a diferencia de otros casos el régimen de Bashar al-Assad no ha sido derribado, el país se encuentra fuertemente dividido entre las fuerzas que apoyan a las distintas partes: los rebeldes, Bashar al-Assad, y el EI. Como lo expresa Álvarez (2019), “el sectarismo es utilizado no sólo por el régimen de Bashar al-Assad sino también por la oposición» (p.51).

Tras nueve años de una sangrienta guerra, Siria cuenta con una escasa capacidad para detectar los casos de COVID-19, y una infraestructura de salud profundamente dañada: sólo el 64% de los hospitales y 52% de los centros primarios de salud funcionan correctamente, mientras que el 70% de los trabajadores del sector han salido del país, según las estadísticas reveladas por la ONU de la OMS (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2020). Por otro lado, de acuerdo a los datos provistos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Agencia de la ONU para los Refugiados [ACNUR], 2020), los nacionales sirios encabezan la lista de refugiados con 6,7 millones de personas desplazadas, que viven en hacinadas en tiendas a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía, en la provincia de Idlib.

Estas personas cuentan con un bajísimo acceso a agua limpia y a instalaciones de saneamiento. La situación se complejiza aún más cuando el sábado 23 de mayo, el Ministro de Salud declaró que 11 sirios repatriados de Kuwait dieron positivo para Covid-19, alcanzando el mayor registro de casos diarios de coronavirus en el país (Anónimo, 2020). Cabe destacar que dos regiones del norte del país se encuentran dominadas por rebeldes armados, lo que limita considerablemente las herramientas para lidiar con la situación coyuntural. De hecho, el gobierno semiautónomo kurdo del noreste de Siria ha comenzado a realizar sus propios exámenes de COVID-19.

La OMS por su parte, ha sido fuertemente criticada tras eliminar el memorando del Consejo de Seguridad sobre el llamamiento para reabrirel cruce de al-Yarubiyah. El comunicado original estipulaba la reapertura de dicho cruce, que conecta Irak con el norte Siria, en su mayor parte kurda. Como consecuencia del cierre del cruce (impulsado principalmente por Rusia), en estos últimos cuatro meses se ha alcanzado una caída del 40 % de llegada de asistencia médica. De esta forma, la llegada de la asistencia sanitaria de la OMS en el noreste de Siria ahora depende exclusivamente de la buena voluntad de Bashar al-Assad.

Pese a este escenario de fricciones, parece haber surgido en el país árabe una cuota de esperanza. El martes 19 de mayo de 2020, el mediador de la ONU en el conflicto sirio, Geir Pedersen, anunció la vuelta al diálogo para reformar la Constitución siria (Sanz, 2020). Esta iniciativa tiene lugar como consecuencia de la relativa calma en el campo de batalla durante la pandemia del coronavirus, que incentivó a las partes a buscar una salida política del conflicto.

El Comité Constitucional sirio, que ya existía previo a estas negociaciones pero que se encontraba paralizado, tiene como objetivo sentar las bases para una convocatoria electoral y cerrar de una vez por todas el baño de sangre iniciado en 2011. Este comité está compuesto por representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de las fuerzas que apoyan a los grupos rebeldes. Por otro lado, vemos que los actores involucrados también han demostrado cierto apoyo a estas iniciativas, al recordar por ejemplo el acuerdo (generalmente respetado) entre Turquía (quien apoya algunas fuerzas rebeldes) y Rusia (principal aliado de Al-Assad).

Vista de Al-Hajarayn- Yemen Fuente: Wikicommons
Yemen y la guerra de poder de Medio Oriente

La guerra en Yemen se desata en el año 2014, cuando los hutíes alcanzaron el control del norte del país y tomaron Saná, obligando al gobierno reconocido por la ONU a huir a Adén. El país árabe se sumió en un estado de creciente debilidad, exacerbada por cuestiones propias de la composición social de Yemen. Retomando a Al-Qarawi (2011), los rasgos característicos de la realidad yemení son los siguiente: “lealtades superpuestas y/o conflictivas (a la tribu, al clan o al Estado); falta de transparencia en los nombramientos y cargos, lo que lleva a la marginalización de ciertos grupos sociales; y la falta de transparencia y rendición de cuentas, que conducen a la corrupción” (p.2).

Desde los inicios de la conflagración, una coalición liderada por Arabia Saudita lucha contra los rebeldes hutíes (apoyados por la República Islámica de Irán) para restaurar el gobierno de Hadi. Esta guerra se convirtió en un proxy war o guerra subsidiraria llevada a cabo por parte de Arabia Saudí, en el marco de la rivalidad con Irán por el liderazgo en el Medio Oriente y Norte de África, que trajo consigo la peor crisis humanitaria del mundo.

La nación árabe se enfrenta al COVID-19 con un sistema de salud colapsado, infraestructuras devastadas y sin fondos suficientes. Tomando como referencia las estadísticas de la ONU, Yemen ya era uno de los países más pobres del mundo, encabezando esta categoría dentro del mundo árabe (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2020). Si bien los combates son responsables de miles de muertes (al menos de 12.000 civiles), también debemos mencionar otras causas sumamente relevantes como el cólera, la desnutrición y la escasez de alimentos y de medicamentos provocados por el conflicto, según datos del International Rescue Committee (International Rescue Committee [IRC], 2020).

En un primer momento, las partes involucradas en el conflicto habían respondido de forma positiva al llamamiento del Secretario General de la ONU, António Guterres, de un alto al fuego a los fines de aunar esfuerzos para combatir el coronavirus. Sería la primera vez que se vislumbra un interés creíble de un cese de las hostilidades por parte de múltiples actores desde 2016. Esto también es entendible teniendo en cuenta el desgaste que implicó el involucramiento en esta guerra para los estados parte.

Sin embargo, pese a todo lo expuesto, al día de la fecha no parece haber vestigios de que las distintas fuerzas estrechen lazos con el propósito de luchar conjuntamente contra el enemigo invisible. “El COVID-19 ha deteriorado la situación humanitaria en Yemen, donde el 80% de la población depende de la ayuda internacional para sobrevivir” (Anónimo, 2020).

Reflexiones Finales

El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo un llamado de alto al fuego mundial. Anunció que el lanzamiento del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria para paliar los efectos de la pandemia requería de unos 2000 millones de dólares para poder ejecutarse, y que caso contrario muchos programas orientados a este fin se verían imposibilitados de continuar. Hasta el momento, solo se ha conseguido el 50% del total por parte de donantes internacionales.

Destacó que se ha logrado mantener un alto al fuego en la provincia siria de Idlib, y que espera que se extienda al resto del país. Menos optimista se mostró con respecto a Libia, donde se ha producido una escalada de la violencia. También manifestó que «cree que hay una oportunidad para la paz en Yemen», donde todas las partes se sumaron a su llamado y Arabia Saudita declaró un alto el fuego temporal de modo unilateral (principalmente a causa del excesivo gasto que supone para este país). La OMS por su parte, considera que los países con menos capacidad para responder al coronavirus son aquellos que son o han sido escenario de conflicto en los últimos años, entre los que destaca Irak, Libia, Siria y Yemen.

Según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins y retomados por la BBC, estos cuatros países son de los que menos casos de COVID-19 presentan en comparación con el resto de la región. Ahora bien, esto debemos analizarlo con base en dos aspectos fundamentales: la carencia de las estructuras de gobierno que recaben información veraz y confiable, por un lado, y la ausencia de recursos suficientes para realizar pruebas a gran escala por el otro.

En tanto estos estados no logren fundar instituciones sólidas y un sistema político que tenga existencia por sí mismo, sin depender exclusivamente de los distintos líderes en el poder, resultará prácticamente imposible que se logren acuerdos de paz a largo plazo que funden los cimientos de estas sociedades. Es imprescindible que, en esta construcción de los estados, tengan participación los distintos actores locales, a los fines de no excluir los intereses de algunos grupos, que puedan devenir en conflictos a futuro. Si bien es una tarea extremadamente difícil de concretar, teniendo en cuenta la complejidad étnica, tribal y religiosa que caracterizan a estos estados, se trata de una condición indispensable para que logren finalmente dejar atrás su condición de fallidos.

Bianca Lombardi

Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), es joven investigadora del Instituto Rosario de Estudios Árabes e Islámicos (IREMAI). Miembro de ALADAA Argentina y columnista de ALADAA Joven

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